A muchos nos costó acostumbrarnos, incluso entender, la poco menos que obligación por parte del ciudadano de contratar los servicios de una compañía que les garantizase la seguridad de su persona o su empresa. Hasta entonces vivíamos en la creencia de que un tanto de aquello que se nos retraía en nuestros impuestos iba dirigido precisamente a eso, a que el Estado avalase nuestra tranquilidad manteniendo unas fuerzas policiales dispuestas en todo momento a protegernos. Pasados los años, hoy ya nadie se extraña al encontrarse un vigilante armado en la puerta de muchos comercios; lo que si puede resultar chocante es el hecho de que esos comercios estén, en ocasiones, a escasos metros de una comisaría. Y vengo a referirme a esto porque he leído en la prensa un artículo que no deja de asombrarme. Trata de la seguridad en las construcciones y detalla como los gitanos han creado una mafia que controla el negocio de proporcionar vigilancia a las obras. Una vez los trabajadores han abandonado el tajo es habitual que los rateros aprovechen la escasa guardia para sustraer cuanto pueda ser enajenado, cableado eléctrico, aluminios, puertas; por ejemplo, el robo de la grifería en una promoción de medio centenar de viviendas puede suponer a la empresa un gasto superior a los 30.000 euros. Fuentes del sector inmobiliario han tasado las pérdidas producidas por el pillaje en un montante equivalente al uno por ciento del presupuesto total. Es por esto que se ha convertido en práctica extendida entre las constructoras el establecer negociaciones con estos clanes para evitar los robos. Así, cuando una empresa va a comenzar una obra, es frecuente que un gitano se acerque a la caseta del jefe de la misma y ponga un precio de garantía; de aceptarse, la edificación quedará a resguardo de posibles saqueos o daños materiales. El coste habitual oscilará alrededor de los 1.200 euros mensuales, pudiéndose establecer otros acuerdos o haciendo extensible esta póliza antiriesgos a varias promociones ya que, normalmente, se trata de redes coordinadas por un jefe que tiene bajo su control una zona determinada. Para las constructoras esto no supone merma alguna en sus beneficios dado que el gasto lo incluirán en la cuenta de liquidación bajo cualquier concepto. Sabido esto, a partir de ahora, cuando nos veamos en la tesitura de adquirir vivienda, recordemos que una parte del valor de la misma ha ido a parar a los bolsillos de la camorra cañí. Y algunos comentarán, cómo está el patio y este hablando de tiquismiquis. Puede ser, pero, imaginen. Supongamos que nuestro futuro, es decir, España, es una obra en construcción. El Gobierno se correspondería con la empresa constructora, ¿no es así? Y para asemejar a los gitanos de seguridad de nuestra historia seguro que les vienen a la cabeza algunos personajes. Total, a fin de cuentas, todo es lo mismo: ante la pasividad del pastor, hemos dejado a los lobos cuidando de las ovejas.    

La cita: Peor que ver la negra realidad es el no verla. (Antonio Machado)